El Tercer Malón de la Paz de Jujuy que permanece en “vigilia” en Plaza Lavalle, frente a Tribunales, en la Ciudad de Buenos Aires, realizará hoy una serie de actividades para continuar visibilizando su reclamo contra la reforma de la Constitución de Jujuy y su denuncia sobre una “falta de Estado de derecho” y “violencia institucional” en la provincia gobernada por Gerardo Morales.
Durante la mañana, una delegación del Tercer Malón tiene previsto visitar primero la Cámara de Senadores y luego la Diputados.
Luego de finalizadas las reuniones los referentes indígenas darán una conferencia de prensa a las 16 en Plaza Lavalle, donde mantienen la vigilia desde el 1° de agosto.
Por la tarde, a las 17 realizarán un conversatorio titulado: “Recursos Naturales y Democracia”.
Además, en rememoración de la gesta histórica del Éxodo jujeño de1812, el Tercer Malón de la Paz marchará con antorchas, al cumplirse un nuevo aniversario mañana, 23 de agosto.
Por último, como cierre y en apoyo a la lucha que la comunidades originarias vienen desarrollando en distintas localidades de la provincia de Jujuy, a las 21 habrá una performance denominada “Arte en resistencia” con el grupo Diablitos Puneños.
La columna del Tercer Malón de la Paz partió el 25 del mes pasado desde diversas localidades jujeñas de la Puna, Quebrada, Valles y Yungas jujeñas; y pasó por San Salvador de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Córdoba, Rosario y luego rumbo hacia la Capital Federal.
Ingresó a la Ciudad de Buenos Aires el 1 de agosto por la mañana, y por la tarde pidió una audiencia a la Corte de Justicia con el objetivo de hablar con los jueces para que declaren la inconstitucionalidad de la reforma de la Carta Magna de Jujuy, aunque aún no fueron recibidos.
El pasado viernes 18 de agosto fueron recibidos por el presidente Alberto Fernández en la Quinta Presidencial de Olivos, reunión en la que acordaron la puesta en marcha de una comisión de “investigación” y “resguardo”, conformada por distintos organismos nacionales e internaciones de derechos humanos para garantizar “la seguridad jurídica” y los “derechos” de los pueblos originarios.
