La Fiscalía de España pide 15 años de cárcel para el ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz por idear una trama de espionaje para arrebatar a un antiguo tesorero pruebas comprometedoras para el conservador Partido Popular (PP).
Fernández Díaz, ministro entre 2011 y 2016, bajo el gobierno del PP liderado por Mariano Rajoy, deberá responder a las acusaciones de encubrimiento, malversación y delitos contra la intimidad en un futuro juicio sobre el rocambolesco caso conocido como “Kitchen” (“cocina”), en referencia al nombre en clave del informador (“cocinero”), según un documento al que tuvo acceso la agencia AFP y publicó hoy.
La Fiscalía señala que Fernández Díaz, de 72 años, y otros funcionarios de su ministerio idearon en 2013 “una ilícita operación policial de inteligencia dirigida a obtener tanto información como pruebas materiales” que estuvieran en manos del extesorero Luis Bárcenas, investigado entonces por una trama de financiación ilegal que salpicaba al PP.
En “Kitchen” está también involucrado José Manuel Villarejo, un ex comisario de policía en el centro de multitud de escándalos por grabar y chantajear a personalidades, para el que la Fiscalía pide por este caso 19 años de prisión por varios delitos, entre ellos encubrimiento y malversación.
Villarejo, cuyas grabaciones pusieron en el pasado en aprietos a personas como el rey emérito Juan Carlos I, la exministra de Justicia del gobierno de Pedro Sánchez, Dolores Delgado, o connotados empresarios, espera sentencia por un primer gran juicio en su contra por corrupción, por el que podría ser condenado a hasta 80 años de cárcel.
En un primer momento, por “Kitchen” también fue inculpada la ministra de Defensa de Rajoy entre 2016 y 2018, María Dolores de Cospedal, pero la causa en su contra fue archivada por la justicia por “falta de indicios”.
Interpelado por el Congreso a finales de 2021, Mariano Rajoy afirmó no haber “conocido nunca la existencia” de la trama mientras estuvo en el poder (2011-2018).
El escándalo de financiación ilegal a cambio de contratos públicos, que tuvo como protagonista al extesorero Luis Bárcenas, le acabó costando al PP una condena judicial en mayo de 2018.
La sentencia motivó, días más tarde, una moción de censura presentada por el socialista Pedro Sánchez, que terminó por expulsar del poder a Rajoy.
