El Gobierno británico del primer ministro Rishi Sunak presentó hoy ante el Parlamento un controvertido proyecto de ley para tratar de frenar la llegada ilegal de inmigrantes por mar desde las costas francesas.
El proyecto, que será discutido por la Cámara de los Comunes en los próximos días, fue duramente criticado por los defensores de los derechos humanos y la oposición, quienes dicen que no soluciona el problema y que viola el derecho internacional.
A pesar de los temores de los críticos, el Gobierno conservador sigue adelante con la idea de no otorgar asilo a las personas que cruzan en pequeñas embarcaciones el Canal de la Mancha.
En el año pasado, más de 45.000 personas llegaron al Reino Unido por esta peligrosa ruta, y ya son casi 3.000 en lo que va de 2023, la mayoría de origen afgano.
El Gobierno quiere prohibir a las personas que ingresan ilegalmente al Reino Unido solicitar asilo o volver a ingresar en el futuro y deportarlos tan pronto como sea posible.
La ministra del Interior, Suella Braverman, al presentar el proyecto en el Parlamento, dijo que es compatible con el derecho internacional, específicamente la Convención de la ONU sobre Refugiados y la Convención Europea de Derechos Humanos.
Braverman aseguró que países como el Reino Unido enfrentarán “presiones sin precedentes” en los próximos años debido a la inmigración ilegal que, según su visión, “ya es insostenible” y forma parte de una crisis migratoria global más grande.
“En los próximos años, los países desarrollados enfrentarán presiones sin precedentes por parte de un número cada vez mayor de personas que dejarán el mundo en desarrollo por lugares como el Reino Unido”, dijo.
“A menos que actuemos hoy, el problema será peor mañana. Y el problema ya es insostenible”, agregó.
Recordó que, desde 2015, casi 500.000 personas recibieron asilo en el Reino Unido y eso incluye 160.000 ucranianos y 25.000 afganos.
El proyecto de ley permitirá la detención de los inmigrantes ilegales sin derecho a fianza ni revisión judicial dentro de los primeros 28 días de arresto, hasta que puedan ser expulsados.
Además, se introducirá un límite anual, determinado por el Parlamento, sobre el número de refugiados que el Reino Unido reasentará a través de “rutas seguras y legales”.
“Esta nueva ley enviará un mensaje claro: si viene ilegalmente a este país, será rápidamente expulsado”, dijo Sunak al diario The Sun.
“Los que vienen en botes no pueden pedir asilo aquí”, agregó el premier, que esta semana realizará su primer viaje a Francia desde que llegó al poder, en octubre pasado.
La organización de asistencia a los refugiados y solicitantes de asilo Refugee Council dijo que el proyecto va en contra de la Convención de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La diputada del opositor Partido Laborista Yvette Cooper también cuestionó el proyecto de ley por considerar que no es una solución eficaz y que permite que los traficantes de personas se salgan con la suya.
Cooper señaló que el Gobierno prometió abordar este problema antes, pero no ha podido hacerlo, con los cruces alcanzando niveles récord y las condenas de traficantes reduciéndose a la mitad.
En respuesta a esto, Cooper dijo que su partido tiene un plan serio para lograr que la Agencia Nacional del Crimen detenga a los traficantes de personas y acelere el procesamiento de las solicitudes de asilo.
También habló de la necesidad de un acuerdo de retorno con países como Francia y la falta de una política de devoluciones por parte del Gobierno.
El año pasado, una orden judicial suspendió la primera deportación de inmigrantes de Reino Unido a Ruanda.
El Gobierno británico había alcanzado en abril pasado un acuerdo con ese país por 148 millones de dólares, con el objetivo de detener el flujo de peligrosos viajes por medio del Canal de la Mancha y, a su vez, acabar con el modelo de negocio de las redes de contrabando de personas.
