Mineros ilegales bloquean en el noreste de Colombia los caminos y amedrentan a la población local desde hace cinco días, en rechazo de las medidas oficiales que intentan impedir la extracción de oro con la que se financian grupos armados
Las protestas comenzaron el jueves en la región antioqueña del Bajo Cauca, epicentro de la minería ilegal de explotación de oro con la que se financian grupos armados al margen de la ley.
Con camiones, árboles tumbados y barricadas, los trabajadores ilegales se manifiestan contra la campaña oficial que destruye con explosivos las dragas utilizadas para extraer el metal.
Los mineros “llaman a la gente y la extorsionan para que cierren el comercio, impiden la libre locomoción por las vías (…) están impidiendo la utilización de todas las infraestructuras públicas y privadas”, declaró a W Radio el gobernador del departamento de Antioquia, Aníbal Gaviria.
Al menos a 250.000 personas se ven afectadas en el noroeste de Colombia por el accionar de los mineros ilegales, detalló Gaviria, informó la agencia de noticias AFP.
Según la denuncia, también están prohibiendo a los profesores dar clases e intentaron quemar la alcaldía del municipio de Caucasia.
Para Gaviria los manifestantes son utilizados “como fachada” por el Clan del Golfo, el grupo del narcotráfico más grande de Colombia y supuesto receptor de las rentas de la minería ilegal.
Las poblaciones están “confinadas por el constreñimiento del Clan del Golfo, porque yo he dicho claramente que este no es un paro minero”, agregó.
En entrevista con Radio Nacional, Saúl Bedoya, vocero de los mineros, rechazó los “actos vandálicos” y pidió al Gobierno garantizar su “derecho al trabajo”.
Desde 2012 fueron destruidas más de 1.200 dragas y 800 máquinas excavadoras en Colombia, en el marco de una política contra la minería ilegal que causa deforestación y contamina ríos con mercurio.
El Ejército informó la semana pasada que había intervenido más de 30 minas pertenecientes al Clan en Antioquia.
Iván Velásquez, ministro de Defensa, compartió en Twitter las imágenes de los gigantescos aparatos de metal en llamas.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, advirtió desde su llegada al poder, en agosto, que cada draga que se encuentre será destruida.
El Gobierno planea sentarse a negociar con el Clan del Golfo y otros de los principales grupos armados para conseguir su desmantelamiento a cambio de beneficios legales.
Las autoridades sospechan que la extracción irregular de oro es casi tan rentable como el narcotráfico y una de las principales fuentes de financiación de organizaciones que mantienen vivo el conflicto armado en Colombia tras el desarme de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas) en 2017.
